Resulta necesario replantear el calendario de implantación de la Ley de Dependencia porque un país en situación de crisis no puede plantearse la atención a los dependientes leves. Así lo ha manifestado Alberto Giménez, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE ), quien explica que, actualmente, hay más de 250.000 personas en situación de dependencia en grado II y III que todavía no están atendidas en el marco del actual sistema.

Para Giménez, la política desarrollada por la Administración general ha supuesto un incremento constante del gasto público, “puesto que ha favorecido la prestación informal y la separación de las carteras de Bienestar Social y Sanidad”. Como ejemplo, el portavoz de la patronal ha recordado que “en las estadísticas del Ministerio todavía no hay ni una sola persona atendida en un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)”.