“No resulta justo pretender que las necesarias reducciones del gasto público a las que se enfrentan las administraciones recaigan sobre un colectivo tan necesitado como el de las personas en situación de dependencia”. Así de tajante se han mostrado los responsables del Observatorio para la Dependencia al valorar la propuesta en la que se plantea un retraso en la implantación del SAAD.

En su IV Dictamen, correspondiente al mes de junio, se manifiestan “disconformes” con esta iniciativa que afectaría a más de 100.000 personas que ya tienen reconocido el Grado I. En el documento, también destacan que 242.000 ciudadanos sigan en lo que el Observatorio denomina “limbo de la dependencia” –es decir, aquellas personas que tienen reconocido el derecho a una prestación económica o servicio pero que todavía no lo recibe–.