Alberto Giménez, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ha afirmado que la apuesta decidida de la Administración por la atención profesional de éste colectivo generaría un superávit para la Administración de 30 millones de euros sólo en la Comunidad Valenciana, tal y como se recoge en los estudios económicos impulsados por la patronal.

En este sentido, Giménez ha explicado que una persona en situación de dependencia atendida por servicios profesionales conllevaría un menor gasto sanitario que si recibe la atención en su domicilio y, además, garantiza empleo estable y no deslocalizable, una inversión media de 60.000 euros por cada plaza creada y múltiples retornos indirectos.