En españa existen, según los analistas, 50.000 plazas residenciales vacías y, sin embargo, 500.000 personas que demandan, al amparo de la ley de dependencia, acceder a un geriátrico.

Esta brecha inusual entre oferta y demanda se resolvería con una ecuación muy sencilla –o, al menos, así lo ha planteado la patronal de residencias valenciana, AERTE– ya que si se promoviesen políticas de concertación para ocupar estas plazas, se podrían generar retornos directos de 684 millones de euros. Dicho de otro modo: si descontamos de esa cantidad los 550 millones de euros de coste que supondría la concesión de dichos servicios, habría un saldo a favor de las arcas públicas de 130 millones de euros.