Si las administraciones públicas promovieran medidas de concertación para ocupar las 50.000 plazas residenciales que existen en el mercado privado español, podrían obtener unos retornos directos que ascienden a los 684 millones de euros. Es decir, que si se descuenta de esta cantidad los 550 millones de coste que supondría la concesión de dichos servicios, habría un saldo a favor de las arcas públicas de 130 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable en un momento en el que se debaten iniciativas para disminuir el déficit público español.