Es la gestión, y no el contenido, de la propuesta de reforma de pensiones hecha por el Gobierno lo que ha suscitado el rechazo del resto de grupos parlamentarios. Así quedó claro ayer, en la primera sesión de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados que tiene lugar desde la presentación del proyecto del Ejecutivo.
Pese a que el punto más polémico del documento ha sido la iniciativa para retrasar de los 65 a los 67 años la edad legal de jubilación, la mayoría de las voces que se escucharon hablaban de negociar una ampliación “flexible” de la citada edad. Bien es cierto que PP, CiU y PNV se mostraron proclives a que el incremento que se apruebe sea puramente voluntario, y apuestan por aumentar los incentivos económicos para quienes así lo asuman. Sin embargo, la verdad es que sólo IU se mostró categóricamente en contra del retraso obligatorio de dos años que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. |
